JUÁREZ AUN ESPERA A SUS HIJAS O A LA JUSTICIA

Por María Elena Salinas
Ramona Morales ha estado esperando durante 12 años que se haga justicia. A la temprana edad de 16 años su hija Silvia Elena se convirtió en una de las primeras de un grupo de jóvenes mujeres cuyas vidas se perdieron trágicamente en uno de los casos de homicidios en serie más extraños de la historia.
Silvia Elena trabajaba en una zapatería para ayudar a su familia con los gastos. Con la precisión de un reloj llegaba a su trabajo desde su casa en el autobús de las 8 cada noche, hasta ese fatídico día cuando nunca regresó a casa. Un par de semanas más tarde fue hallado su cadáver. Había sido asaltada sexualmente y su cuerpo mutilado.
Desde 1993, alrededor de 400 mujeres han sido halladas muertas o han desaparecido en la población mexicana de Juárez, del otro lado de la frontera de El Paso, Texas. Muchas, como Silvia Elena, fueron víctimas de agresión sexual. Cerca de la mitad de los casos han sido resueltos, pero la mayor parte de los detalles que rodean los asesinatos se han quedado en el misterio. Pero eso podría estar cambiando.
Hay un interés renovado en los asesinatos de Juárez como consecuencia de la presión que han puesto las familias que han perdido a sus seres queridos, activistas de derechos humanos, grupos de mujeres y otros que están simplemente indignados por la indiferencia y falta de acción de las autoridades mexicanas en estos casos.
En “Las Hijas de Juárez: Una Historia Verdadera de los Asesinatos en Serie al Sur de la Frontera,” mi colega Teresa Rodríguez, quien pasó 10 años investigando los crímenes, le da un rostro humano a la espantosa estadística. El libro relata las atrocidades cometidas contra estas mujeres y expone la ineptitud de las autoridades locales y estatales para resolver los crímenes.

A principios de este mes, más de 90 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos -tanto demócratas como republicanos- firmaron una carta dirigida al presidente mexicano Felipe Calderón pidiéndole tomar acción en los asesinatos de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez. La carta fue iniciativa de la congresista Hilda Solís, de California.
Los legisladores norteamericanos aplaudieron una nueva ley contra la violencia en contra de mujeres que fue aprobada en febrero, llamándola un buen comienzo, pero aclarando que se tiene que hacer más. La nueva ley llama a una integración federal, programas estatales y locales que vinculen a la policía mexicana, los tribunales, los medios de comunicación, las escuelas y otros sectores para identificar y combatir la violencia contra mujeres.
La violencia contra mujeres en México es desconcertante. Un promedio de cuatro mujeres son asesinadas diariamente en ese país, según un informe del 2004 del Instituto Nacional de Estadística e Información Geográfica. Setenta y cinco por ciento de las mujeres asesinadas en México mueren a manos de sus esposos. Y en algunas partes de México robar una vaca es un crimen con mayor castigo que violar a una mujer.
En el caso de los asesinatos en Juárez, según Rodríguez, la impunidad que rodea las matanzas asombran. “Aquellos que han tratado de llegar al fondo de los crímenes han sido amenazados, tienen que dejar sus trabajos bajo presión, son despedidos o pierden sus propias vidas en el proceso,” dice.
Después de que se arrestara a presuntos culpables y los cuerpos de jóvenes mujeres muertas continuaron apareciendo alrededor del pueblo, varias teorías han surgido sobre lo que podría estar detrás de las matanzas. En el libro “Las Hijas de Juárez” se expresan algunas de esas teorías. “Podría ser una combinación de un asesino en serie, un imitador que se ha involucrado o los hijos de familias bien que han matando a chicas jóvenes como si fuera un deporte de sangre” dice Rodríguez.
Ella no excluye la posibilidad en el libro, de que algunos de los administradores que cruzan la frontera desde Estados Unidos hacia México para trabajar diariamente en las fábricas conocidas como maquiladoras podrían estar satisfaciendo sus placeres sexuales con las jóvenes trabajadoras, entonces y deshaciéndose de la evidencia con la ayuda de funcionarios corruptos. “Quienquiera que sea,” dice ella, “es alguien poderoso con mucho dinero.”
Quienquiera que haya matado a su hija Silvia Elena, Ramona Morales espera que él o ellos sean llevados pronto ante la justicia. El término de prescripción en su caso vencerá en dos años. Las voces que hablan por las hijas de Juárez son cada vez más fuertes y apuntan más alto. El gobierno mexicano necesita empezar a escuchar.
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Maria Elena Salinas es autora del libro “Yo soy la hija de mi padre: Una vida sin secretos.”

en Nuestras Hijas de Regreso a Casa

y en Diario de las Amércias.com

JUAREZ: LAS LEGISLADORAS NO ESCUCHAN NI AVANZAN

Abandonan madres de muertas en Juárez reunión con diputadas

Argumentan que las legisladoras no las estaban escuchando y las respuestas que les dieron de algunos casos planteados fueron los mismos que han escuchado en años...no podemos hacer nada sobre eso
Luis Carlos Cano C. / Corresponsal

El Universal Ciudad Juárez, Chih.

Madres de mujeres asesinadas en esta frontera se salieron de la reunión que tenían con un grupo de 12 diputadas federales, en protesta porque las legisladoras no las estaban escuchando y las respuestas que les dieron de algunos casos planteados fueron los mismos que han escuchado en años..."no podemos hacer nada sobre eso".
Así, lo que se planeaba como una reunión de acercamiento entre las diputadas de las comisiones de Feminicidios y de Equidad y Género con familiares de mujeres asesinadas aquí, terminó en un reclamo generalizado de éstas ultimas por la falta de seriedad y respuesta de las legisladoras.
De entrada, las señoras tuvieron que esperar más de una hora la llegada de las diputadas, pues las citaron a las 11:00 horas y llegaron después de las 12:00 a una junta que se dijo sería de más de dos horas, pero a la media hora de que inició, las mujeres empezaron a salirse al ver la actitud de las representantes del poder Legislativo federal.
Incluso, aunque la reunión fue organizada por gente de la Comisión contra la Violencia Hacia las Mujeres, ahora parte del Instituto Nacional de las Mujeres, las diputadas dijeron desconocer quién la organizó.
Una de las señoras que más se indignaron ante las respuestas de las legisladoras fue Rosa María Gallegos, madre de una mujer asesinada por un agente de la desaparecida Policía Judicial del Estado, quien dijo que ni siquiera se merecieron el respeto de las diputadas, pues no les pusieron atención a lo que decían.
"No les venimos a pedir más que atención, que nos escuchen porque ese es su trabajo, están ganando muy buen dinero, ganan muy buenos viáticos, llegan a los mejores hoteles, las mejores comidas, viajan en avión y tienen todo a la mano, para que vengan a tomarnos el pelo", expresó molesta la señora Gallegos.
"Y así es con todo, no es la primera vez que nos hacen esto, nos dijeron que no podían hacer nada porque nomás venían a escucharnos, para que queremos una sobada, un sana sana. Eso no nos ayuda, ellas deben hablar por nosotros, por eso son diputadas", señaló.
"Ellas son de las comisiones de Feminicidios, de Equidad y Género, ya tienen casi un año en el cargo y vienen ignorando toda la problemática de aquí, entonces a que chingados (sic) vienen, en pocas palabras", expresó.
"Ellas hablando por teléfono, por celular, platicando entre ellas mismas y nosotras hablando como locas, no sirvió de nada", agregó.
Lo mismo opinó Victoria Caraveo Vallina, coordinadora del grupo Madres en Busca de Justicia, integrado por 18 madres, quien señaló que es la primera reunión con las legisladoras de esta comisión y fue decepcionante el resultado, pues de entrada las diputadas aclararon que solo venían a escuchar y "a ver que podemos hacer sobre sus casos".
Sobre ello, Cipriana Jurado Herrera, del Centro de Información y Solidaridad Obrera, dijo que las madres y activistas decidieron salirse de la reunión porque las diputadas prácticamente solo vinieron a pasearse, ya que no sabían siquiera quien organizó la reunión.
"Hay mucha confusión, no hay una organización o programa para la reunión, ni siquiera están escuchando a las señoras, las diputadas están platicando entre ellas, hablando por celular y todo lo que están planteando las familiares de victimas, les dicen que lo van a turnar a las autoridades, pero estas ya tienen todas la información, lo que queremos saber es que van a hacer ellas en el ámbito de sus facultades", expresó.
Además, dijo la activista, las diputadas a todo le ponen peros, que esto es muy difícil, que esto otro también, por eso mejor decidimos salirnos. "Muchas desconocemos cual es la función de las diputadas y si ellas no trabajan en las iniciativas de ley que nos ayuden, pues que estamos haciendo", dijo por su parte la señora Norma Andrade, madre de una de las victimas.
Por su parte, la diputada María Sofìa Castro Romero, presidenta de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios del País y de Equidad de Género, dijo que "venimos a escuchar a las madres de las victimas y asociaciones de derechos humanos, conocer sus inquietudes".
Sin decir más, reiteró que "nosotros venimos a escucharlas para poder saber cuales son las inquietudes y cual es el motivo de la reunión, ese es el motivo del viaje".
Admitió que no saben nada de los casos de homicidios de mujeres, a pesar de que entre el grupo de legisladoras que vino a la reunión esta la juarense Lilia Guadalupe Merodio Reza.
Comentó que se reunieron en la ciudad de Chihuahua con el gobernador José Reyes Baeza Terrazas y la procuradora Patricia González Rodríguez, quienes les dieron informes sobre el avance en el esclarecimiento de los feminicidios, pero será hasta que revisen todo cuando puedan dar una opinión al respecto.
Las diputadas que estuvieron en la reunión son: María Sofìa Castro Romero, presidenta de la citada comisión; Patricia Villanueva Albraján, secretaria y las integrantes de la misma, Claudia Lilia Cruz Santiago, Omeheira López Reyna y Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, además de la legisladora juarense Lilia Merodio.
Asimismo, acudieron a la reunión la diputada María Soledad Limas Frescas, presidenta del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad y Género, así como Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, además de las integrantes de ésta, Martha Angélica Tagle Martínez, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Irena Aragón y Mirna Cecilia Rincón Vargas.
Propuestas que entregaron por escrito
Victoria Caraveo Vallina, coordinadora del grupo Madres en Busca de Justicia, dijo que entre los planteamientos por escrito que entregaron a las legisladoras y esperan una respuesta en 30 días, fue que siga el programa Fidevida, con el ayudaban a las madres de las victimas y lo han retirado, a pesar de que se manejó con mucha transparencia; otro, que se haga una lista fidedigna de las madres de victimas, pues hay cifras que cada quien maneja a su antojo y eso repercute en falta de apoyos a las familias de las victimas.
El tercer punto es una queja contra la Comisiona Nacional de Derechos Humanos, con quien se tuvo un problema, ya que solicitaron copias de los expedientes originales de las asesinadas y las subieron a Internet, con lo que pusieron en peligro las investigaciones y dañaron moralmente a las madres, por lo que se presentara una demanda civil y penal contra la CNDH.
Por otro lado, María Elena Ramos, representante de la Mesa de Mujeres, integradas por varias organizaciones civiles, dijo que propusieron se dé seguimiento a las recomendaciones internacionales emitidas al Estado Mexicano, particularmente para el caso de Ciudad Juárez.
Además, que el legislativo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil construyan indicadores que evalúen la acción gubernamental en términos de prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres.
También que se programen reuniones periódicas de trabajo con las organizaciones de Ciudad Juárez a efecto de monitorear el avance de los indicadores y sus resultados.
Marchan para exigir justicia
Por otro lado, un grupo de madres de víctimas marcharon, como lo hicieron el mes pasado, frente a la Fiscalía Especial para la Atención de Homicidios de Mujeres, exigiendo justicia para sus hijas.
Paula Flores, mamá de Sagrario, reiteró que las marchas se mantendrán los primeros jueves de cada mes, en espera de respuesta de las autoridades estatales por atender sus casos, pues hasta ahora a un mes de iniciar con estas acciones, no hay respuestas.
Teníamos esperanza en las diputadas, pero no hubo nada, la alternativa que tenemos es las marchas y protestas, no tenemos otra opción para tener respuesta de las autoridades, no han hablado con nosotros.
Desafortunadamente, dijo la señora Flores, no tenemos el respaldo de todas las madres y de familiares de victimas, por eso insistimos en exigir justicia, porque aunque no regresen nuestras hijas, debe hacerse justicia y castigar a los responsables de los homicidios.
Una marcha similar, dijo, se hizo en la ciudad de Chihuahua capital y se hará en forma simultanea cada mes, por tiempo indefinido.

REFORMA DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO

Pronunciamiento de las autoridades de las Facultades de Arquitectura, Ciencias Exactas, Ciencias Sociales y Filosofía y Letras frente a la Asamblea Universitaria del 6 de agosto de 2007
Ante un acontecimiento de valor histórico

El próximo lunes se reunirá la Asamblea de la Universidad de Buenos Aires con el fin de debatir la reforma de su Estatuto. Es la primera vez desde la normalización institucional de la UBA (después de la dictadura) que esto sucede. Por tal motivo, pero también por lo que significa la discusión de las bases fundacionales de la Universidad, estamos ante un acontecimiento de valor histórico. Es por ello que concurriremos al Colegio Nacional de Buenos Aires con la firme convicción de nuestra alta responsabilidad en este crucial momento.
Los asambleístas de nuestras cuatro facultades esperamos que allí se constituya un auténtico espacio de debate universitario, con espíritu democrático y respeto mutuo. En tal sentido y con estas miras es que hacemos públicas las propuestas que presentamos y que elevaremos a consideración de la Asamblea Universitaria del 6 de agosto, así como sus fundamentos.
Sabemos que los temas del gobierno son los generan más expectativas, pero estamos convencidos de que la consideración de los principios constitutivos de la Universidad, las condiciones de la docencia, la investigación, la extensión, el presupuesto, los recursos y el patrimonio son, al menos, de igual importancia.
Antecedentes:
Los distintos miembros y grupos que componen la comunidad universitaria son tributarios de tradiciones institucionales y políticas de las más diversas.
También se reconocen en prácticas académicas y organizativas del dictado de la docencia, de investigación y de cumplimiento de su función social muy dispares entre sí. Lo propio se da al analizar los modos en que se recorren las tramas curriculares, si existen estructuras departamentalizadas o no, si existen autoridades de carreras o no -cuando una misma facultad tiene más de una-, si se mantiene la estructura de cátedra y cómo ellas están compuestas, sobre todo a la hora de enfrentar el acto educativo por excelencia como es la docencia.
Esto configura una trama de identidades cruzadas basadas en idearios de la política universitaria, por las disciplinas científicas y profesionales, y en muchos casos por identidades partidarias externas a la vida de la universidad.
En este contexto, en el cual se inscriben el sempiterno atraso en la convocatoria a la asamblea universitaria tantas veces prometida, una situación económica -por todos reconocida- como de extrema dificultad y los procesos resultantes del complejo año 2006 en el seno de la UBA, nuestro sector político pone a consideración de la comunidad una serie de propuestas estatutarias cuyo núcleo central es un fuerte espíritu de vocación universitaria.
Los fundamentos básicos de este espíritu son: que la UBA sea una casa de estudios de excelencia y masiva; que nuestra Universidad se inserte en la sociedad de la que se nutre y la sostiene, dialogando con ella de modo coordinado; que reconozca que tiene un deber que cumplir garantizando el derecho a la educación permanente para formar profesionales cabales, con pensamiento crítico y compromiso social, orientados en el respeto y promoción de los derechos humanos y el cuidado de nuestro hábitat.
Hubiéramos preferido una participación más masiva en las instancias previas de esta etapa que se abre de cara a la reforma del estatuto, situación que hubiera dado cuenta de la existencia de un demos universitario comprometido e insuflado de espíritu polémico en beneficio de la universidad. Sin embargo, las comisiones de trabajo han cumplido con su labor en forma metódica y minuciosa atendiendo a la totalidad de las problemáticas que un estatuto puede ofrecer. Rescatamos, por lo tanto, como un hecho altamente positivo que se convocara a trabajar a estas comisiones y que ellas se reunieran y discutieran el estatuto, y que cumplida esta etapa se convoque a la asamblea universitaria para analizar el trabajo realizado.
Con una fuerte vocación universitaria, ofrecemos nuestras propuestas para debatir en forma abierta, democrática, invitando a que quienes no piensan igual que nosotros tengan la misma generosidad que queremos tener a la hora de establecer un marco institucional que dentro de décadas nos permita sentir orgullo porque habremos estado a la altura del desafío de la hora.
En concreto, y de acuerdo a los tópicos con los que las comisiones han sido convocadas, estas son nuestras propuestas:
En materia de bases y fundamentos de la Universidad de Buenos Aires, estamos proponiendo que la UBA tenga como fines la creación, la producción, la difusión y la preservación del conocimiento y la cultura, interactuando en forma permanente con el pensamiento universal y prestando particular atención a los problemas argentinos y latinoamericanos.
Que en su obligación constitutiva contribuya al desarrollo del conocimiento y la cultura mediante la docencia, la investigación científica y tecnológica, la extensión y la creación artística.
Consagrar que en el marco de una Universidad masiva, ella es una comunidad de docentes (no sólo profesores), graduados, estudiantes y personal técnico, administrativo y de servicios.
Entre sus fines nos parece fundamental procurar la formación integral de sus miembros y se infunda en ellos el espíritu crítico, el compromiso ético y la responsabilidad social. Y entre sus misiones deberá ponerse particular énfasis en garantizar la pluralidad y asegurar dentro de su recinto la más amplia libertad de expresión, investigación científica y docencia, promoviendo la plena vigencia de los derechos humanos y rechazando su avasallamiento.
En el mismo sentido, se proclama a la Universidad como la institución mediante la cual la sociedad da respuesta al derecho a la educación superior de cada uno de sus miembros, así como a los beneficios sociales que la docencia y la investigación pueden brindarle mediante la previsión, el análisis y la resolución de sus necesidades de un modo sistemático, comprometido y científicamente fundamentado. Éste es el espíritu con el cual la UBA debe organizar, tanto sus programas disciplinarios, cuanto sus tareas de transferencia y extensión.
En términos más ligados a lo institucional, se propone organizar el Ciclo inicial garantizando el derecho a la ciudadanía universitaria a los integrantes del actual CBC.
Nuestra propuesta pone énfasis en la consideración de la investigación y la extensión como actividades constitutivas de la condición del docente universitario y como parte del proceso formativo del estudiante universitario. La extensión debe ser pensada y abordada desde una perspectiva solidaria con la sociedad de la cual nuestra universidad forma parte. Así, consideramos primordial buscar a través de la producción y transferencia de conocimiento la resolución de problemas y desafíos que la comunidad demanda, para así colaborar en la ampliación del derecho a la educación del conjunto del pueblo.
Entre los fundamentos de su obrar, proponemos que la Universidad brinde servicios académicos y sociales a la comunidad universitaria, que faciliten el acceso al conocimiento y las condiciones para la continuidad de los estudios. Por ello, consideramos que es obligación de la UBA procurar a los estudiantes bibliotecas actualizadas, salas de informática, instalaciones, alimentación y alojamiento adecuado y asistencia medica gratuita..
En los aspectos relativos a la actividad docente, nuestras propuestas atienden a garantizar el derecho al salario por el desempeño de sus trabajadores en la Universidad, así como plasmar que el desarrollo de esta actividad es ineludible, sea cual fuere la dedicación y categoría que se posea.
Nuestros proyectos reconocen también el rol fundamental que tienen los docentes auxiliares en el dictado de clases y demás tareas que la Universidad desarrolla, por lo que se postula la jerarquización de su rol, comenzando por el cambio de nombre de su categoría para prestigiarlos como docentes.
Un tópico no menor, y que reconoce la necesidad imperiosa de democratizar el derecho a la ciudadanía universitaria, es aquel que atiende a la situación de los docentes interinos.
A la fecha, el estatuto sólo reconoce esta figura de modo residual. La concepción de la Universidad de hace cincuenta años no podía nunca imaginar el crecimiento de la matrícula a los niveles de masividad actuales, el incremento de cantidad de docentes necesario para atenderla y las condiciones de incorporación a los planteles universitarios -sin perjuicio de los diseños de planes curriculares- que hacen dificultosa su atención sólo con docentes concursados.
Por lo anterior, las modificaciones propuestas al capítulo II del Título II tienden a eliminar la posibilidad que existan profesores sin concurso y ad-honorem. Se defiende el sistema de concursos públicos, abiertos, periódicos, y transparentes como sistema para la provisión del personal docente. Se tiende a eliminar la figura del ad-honorem como solución a la falta de personal docente rentado para satisfacer las necesidades del dictado de clases. Como excepción, se mantiene en el art. 54 a las categorías de profesores contratados o invitados, y por tiempo limitado, para facilitar el dictado de cursos especiales.
Sin perjuicio de las obligaciones incumplidas por distintas unidades académicas, lo cierto es que el derecho a la participación política en la vida universitaria es inalienable y ninguna rémora administrativa puede frustrarlo. Por eso proponemos atender a la satisfacción de estos derechos, cuando aparezca de modo obvio que la falta de la condición de regular no se debe a la voluntad del docente, sino a la desatención de las unidades académicas.
En el marco de las propuestas que atienden a las previsiones presupuestarias, y en este caso por unanimidad de los miembros asambleístas que participaron de la comisión, estamos promoviendo la conformación del Consejo Superior como ámbito en el que se discutan pautas y directrices estratégicas para la UBA de carácter plurianual.
Asimismo, en forma meticulosa, estamos promoviendo criterios de transparencia y uniformidad de elaboración y rendición de los presupuestos, circunstancias que hoy no están previstas. Ello para todas las partidas y para todos los intereses económicos que la Universidad posea en distintas entidades externas a ella.
En idéntico sentido, se propone un conjunto de mecanismos de control para una gestión transparente y oportuna. Esto es mucho más que una cuestión de técnica administrativa porque propone plasmar principios de acceso a la información pública en el seno del estatuto.
Consideramos además esencial la incorporación de tres principios de importancia:
El primero propone la clara y tajante incorporación al patrimonio de la UBA los archivos documentales al considerarlos estatutariamente parte del mismo y seguido por sus reglas de preservación.
El otro principio que propusimos y se aceptó fue la constitución del sistema de Bibliotecas de la Universidad como un servicio de apoyo para el aprendizaje, la docencia, la investigación y demás actividades relacionadas con los objetivos institucionales de la Universidad. Nos referimos a todos los fondos bibliográficos y documentales cualquiera sea su soporte material, el lugar donde se custodien, el concepto presupuestario con el que se adquieran o su forma de adquisición.
Para ello se promueve que la biblioteca de la Universidad se estructure a través de un sistema bibliotecario único, descentralizado en bibliotecas de las diferentes unidades y dependencias; y coordinado a través de los mecanismos que fije el Consejo Superior.
El tercer principio sustantivo que se propone es aquel por el cual queda absolutamente prohibida la aplicación de derechos, tasas o aranceles que pudieran recaer sobre la actividad académica de grado de la Universidad y sobre cualquier actividad de carácter académico que tenga como fin la formación de los trabajadores de la Universidad.
En lo que hace a las propuestas sobre las formas de gobierno y representación, nuestro sector propone, sobre la necesidad de que los docentes auxiliares sean efectivamente reconocidos en su importancia de su rol en una universidad masiva, su inclusión efectiva y adecuada en los organismos de gobierno de la UBA.
Estamos proponiendo también la democratización en la conformación de las listas de profesores, por vía de la eliminación de mínimos y porcentajes apoyados en la condición de titulares, asociados o adjuntos.
También, con plenos derechos de voz y voto, postulamos la incorporación de la representación de los trabajadores de administración y servicios, tanto a los consejos directivos de las facultades, como al Consejo Superior de la Universidad.
En síntesis, planteamos a la comunidad universitaria los principios que sustentan nuestras convicciones de una Universidad del mayor nivel académico con un claro compromiso con la sociedad a la que se debe; abierta a las necesidades populares y productora de conocimientos de valor pública. Iremos a la Asamblea con la firme decisión de colaborar en la construcción de la mejor Universidad que podamos para el conjunto del pueblo argentino.