JUÁREZ: ¿la justicia para cuando?

Feminicidio, víctimas y delitos

Las chicanadas de la PGR

Servando Pineda Jaimes en Nuestras hijas de regreso a casa

Con el sigilo propio de una caja negra, más que de la caja de cristal que se pregona en los tiempos de transparencia, la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra a un paso de torcer la ley en el proceso que en breve iniciará, de compensar económicamente a las familias víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, por el daño sufrido al haberles asesinado a una de sus integrantes.

Nada tendría que objetarse a tan noble acción, a no ser por la forma en que pretende hacerlo la PGR, que ha optado por hacer caso omiso a las disposiciones marcadas por la ley, para imponer sus propios criterios, tratar de darle carpetazo al asunto lo antes posible y así acallar las críticas internacionales en torno al tema del feminicidio en Ciudad Juárez, lo que amenaza con provocar un enfrentamiento con el Congreso de la Unión, que a este respecto difiere totalmente de la dependencia federal, lo cual podría entrampar la entrega de dinero a las familias de las víctimas.

El punto de divergencia radica en la forma de visualizar la solución al problema: Mientras para la PGR todo se reduce a la entrega de una cantidad determinada de dinero por cada mujer asesinada, el Congreso de la Unión quiere ir más allá y exige que el Estado mexicano asuma y reconozca su responsabilidad no sólo histórica y política, sino jurídica en torno a este caso. Dicho de otra manera, para la PGR los asesinados de mujeres en Ciudad Juárez se traducen en pesos y centavos, mientras que para los y las legisladoras, se trata de ir más allá, no sólo encontrar a los asesinos, sino castigar –al nivel que sea- a quien desde una responsabilidad pública no cumplió con su cometido para garantizar un principio elemental de los derechos humanos: el derecho a la vida.

Antecedentes

Los ejemplos respecto a la forma en que la PGR ha intentado retrasar la solución a este problema son variados. Por ejemplo, con fecha 20 de noviembre de 2004, la Cámara de Diputados contempló que para el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005, se debían entregar 31 millones de pesos a la PGR para que esta dependencia creara un “Fideicomiso para la reparación del daño a familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”, que finalmente quedaría integrado por la aportación de varias fuentes: 25 millones del Gobierno Federal y 5 millones más del estatal para hacer un gran total de 61 millones de pesos.

Sin embargo la PGR, lejos de acatar la disposición de crear un fideicomiso para la reparación del daño como se le ordena en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de la Unión, decidió crear un “Fondo de auxilio económico a familiares de las víctimas de homicidios de mujeres”, con un Consejo Asesor de vigilancia, el cual fue fundamentado con base al acuerdo número A/131/05 del Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2005. Esto es algo muy distinto, porque una cosa es reparar el daño y otra simplemente dar un auxilio económico a familiares de las víctimas.

No conforme con esto, la PGR decidió olvidar que como institución pública, sólo puede hacer lo que la ley le permite, a diferencia de los particulares a quienes todo lo que no se les prohíbe, se les está permitido. Así que no sólo no creó el Fideicomiso de reparación del daño, sino que decidió conformar su consejo asesor de una manera muy peculiar, al integrar a la estructura de este organismo únicamente a la burocracia de la propia dependencia, y dejar fuera a dos actores importantes en esta problemática: Los legisladores y legisladoras federales, y a las propias familias de las víctimas.

Es tan burda la estructura de este consejo asesor que está integrado sólo por funcionarios de la PGR: el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Mario Álvarez Ledesma, quien es su presidente; el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal; el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos; el visitador general, Ángel Buendía Buendía; la oficial mayor, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza; el delegado de la PGR en Chihuahua, Rolando Alvarado; el director de Asuntos Jurídicos, Germán Castillo Banuet y la fiscal especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Juárez, Mireille Rocatti. Forman parte también: Patricia González, procuradora de Chihuahua; Flor Mireya Aguilar Casas, subprocuradora de la zona norte, y Claudia Cony Velarde Carrillo, fiscal especial para la atención de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez. Todos ellos con voz y voto dentro del consejo asesor.

En calidad de invitado permanente y sólo con derecho a voz, se encuentra el titular del Órgano Interno de Control de la PGR, Marcos Molina Castro, y como simples observadoras, Guadalupe Morfín Otero, Comisionada Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, los y las integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores, una representante del Congreso de Chihuahua y otro más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos ven, anotan, proponen y discuten, pero como no votan, pues tampoco les hacen mucho caso, como quedó demostrado cuando se votó la forma en que se entregarían los recursos a las familias, donde ninguna de las observaciones hechas por las diputadas fue tomada en cuenta.

Dada la conformación de este singular equipo, que por supuesto en ningún momento consideró integrar a los propios familiares para conocer de cerca sus necesidades y problemas derivados de la tragedia, éste decidió que el Fondo debería ser constituido en una primera instancia sólo por 30 millones de pesos de pesos y excluyó los 31 millones de pesos del Congreso federal, y sólo los contempló hasta el 1º. de julio, pese a que contaba con ellos desde el primer día de enero de este año. ¿Por qué lo hizo? Únicamente la PGR lo puede explicar.

Una vez conocida la cantidad de dinero que se disponía para entregar a los familiares de las víctimas, la PGR procedió a emitir el 27 de junio de este año, “los lineamientos generales a los que habrá de sujetarse la administración, aplicación y entrega de los recursos del Fondo de Auxilio Económico”, los cuales se basan en criterios fundamentalmente monetarios. Por ejemplo, el orden de prelación de los beneficiarios para recibir la ayuda económica será de acuerdo al artículo 1602, fracción 1 del Código Civil Federal que dice: “tienen derecho a heredar por sucesión legítima: 1.- los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, […]”

Sobre la cobertura, la PGR sólo considerará los homicidios cometidos a partir de 1993 y hasta que exista disponibilidad de recursos en el Fondo. Incluye los homicidios tanto de competencia federal como del fuero común, independientemente de la etapa en que se encuentren los procesos.

Respecto al marco normativo que amparará la acción, la PGR considera en primer lugar a la legislación federal, luego la estatal y finalmente a la internacional relativa a los derechos humanos, aplicando –dice- los principios generales de legalidad, equidad, justicia social, solidaridad y transparencia.

La PGR estableció que sólo procederá el auxilio económico cuando el homicidio se haya cometido dolosamente, presente características que impliquen daño físico o mental, dolor, sufrimiento y la angustia grave o bien hubieran sido producto de la violencia social o intrafamiliar vinculada a razones de género. Quedan fuera los homicidios culposos, los cometidos en riñas o por familiares con derecho a heredar o aquellos cuyo móvil haya sido patrimonial.

En este sentido, para poder determinar la cantidad que recibirán los familiares de las víctimas, se toman como base disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley Federal del Trabajo. Esta ecuación diferencia la cantidad que recibirán los familiares de las víctimas de homicidios dolosos y los culposos y hace énfasis en aquellos casos cuyo móvil fue de índole sexual. En los homicidios dolosos, la PGR contabiliza 196 casos, mientras que los culposos 113 y deja fuera 54 casos, para hacer un total de 363 casos reconocidos oficialmente.

La disputa

Hasta aquí parecería que todo va bien, salvo que gran parte de este esquema representa serias irregularidades que lejos de ayudar a las familias de las víctimas, lo que hace es evadir responsabilidades y tratar de lavar la cara del Estado mexicano.

Primero, la PGR viola la ley al crear un Fondo de Auxilio Económico, en lugar de un Fideicomiso de Reparación del Daño, como establece el Presupuesto de Egresos, por tanto, no puede disponer de un dinero que no fue autorizado expresamente para lo que ahora la dependencia pretende hacer. El punto central de este enredo jurídico, radica precisamente aquí. ¿Cuál es la diferencia entre dar “un auxilio económico” y “reparar un daño”? Simple, y es por eso que la PGR evade la orden del Congreso. La reparación del daño implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las víctimas. El auxilio económico como lo pretende el gobierno mexicano, evade las obligaciones que el Estado tiene para con las víctimas y sus familiares. Los criterios para la reparación del daño se basan en leyes y tratados internacionales de Derechos Humanos, principalmente los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sido signados por nuestro país y que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación éstos se encuentran por encima de las leyes federales pero debajo de la Constitución. Esto es, que el orden con que pretende fundamentar jurídicamente la PGR la entrega de ese dinero contraviene las propias leyes mexicanas, ya que pone justamente a las leyes federales por encima de las internacionales. De esta manera y de cuerdo a la legislación vigente, la reparación del daño implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación a estos derechos. Sin embargo, esto es imposible en los casos del feminicidio, donde las principales violaciones tienen que ver con el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, el acceso a la justicia, la protección judicial, al derecho a una vida libre de violencia. Como nada de esto es posible ya para las víctimas, el Estado está obligado a otorgar una justa indemnización, pero también a garantizar medidas y acciones tendientes a evitar que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. ¿Por qué el Estado? Porque de acuerdo a la legislación internacional signada por nuestro país, se establece claramente que el Estado, a través de su gobierno federal, deberá responder por los actos u omisiones realizados por las entidades que integren la federación. Así de simple. De manera que el presidente Fox -aunque quisiera- no puede evadir su responsabilidad y afirmar, como frecuentemente lo ha hecho, que el problema del feminicidio es un asunto estatal.

La reparación del daño implica no sólo la entrega de dinero a los familiares, sino también exige el derecho a conocer la verdad sobre los hechos que dieron lugar a las violaciones de los derechos humanos, las circunstancias en que ocurrieron, la identidad de las personas que participaron en estos hechos y de quienes aún cuando tenían una responsabilidad de actuar, no lo hicieron por error, omisión o negligencia. Esto es, se requiere crear una Comisión de la Verdad que aclare este tan lamentable suceso de la historia de Chihuahua, para que nunca más vuelva a ocurrir.

Es por eso, por todo lo que significa, que la PGR mañosamente decidió crear una instancia con nombre y objetivos distintos a los señalados por el Congreso. El crear un Fondo y entregarles cierta cantidad de dinero a las familias de las víctimas coloca en una situación de confort a la PGR, quien de esta manera no tendrá que ir más allá para hacer efectiva esa reparación del daño. Hacerlo, significaría reconocer la culpabilidad del Estado mexicano, significaría no sólo un apoyo económico, sino también una reparación a lo que se conoce como el daño al proyecto de vida, que atiende la rehabilitación integral de la persona, mediante toda clase de atenciones: médica, psicológica, jurídica y social.

En síntesis, optar por la reparación del daño, implicaría construir las condiciones mínimas para evitar que estos hechos se sigan reproduciendo, la verificación, el conocimiento pleno de la verdad, la reparación de la dignidad y reputación de las víctimas, a muchas de las cuales se les acusó de todo -de prostitutas, drogadictas, hasta de llevar una vida licenciosa- para responsabilizarlas de su asesinato, incluye también una disculpa y un reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, implica homenajes y conmemoraciones en honor a las víctimas, implica que el Estado mexicano acepte su responsabilidad por el daño cometido, acepte las recomendaciones de organismos internacionales, incluso el ofrecer una disculpa pública por los actos omisos o negligentes que llevaron a estos niveles de impunidad, el reconocer que bajo las leyes y tratados internacionales es inadmisible la coartada de la prescripción de las responsabilidades públicas en materia de Derechos Humanos y que por tanto, los funcionarios y ex funcionarios que hayan cometido alguna irregularidad o delito deberán ser juzgados por la justicia al margen del tiempo que haya transcurrido. Pero hacerlo, es demasiado para el gobierno mexicano.

Por eso, opta por entregar dinero a los familiares de las víctimas, pensando que así acallará sus gritos. De ahí la importancia de la actitud asumida principalmente por las diputadas y senadoras, quienes se oponen a que la PGR sólo entregue dinero a los familiares –y no de una atención integral a las familias de las víctimas- y evada su responsabilidad histórica.

Las lecciones son claras. El Congreso de la Unión asume por primera vez una actitud digna y visualiza la oportunidad histórica que se tiene para ajustar cuentas con el pasado, pero que tiene responsables de carne y hueso que se pasean campantes en el presente sin que nadie los toque; y del otro lado está el camino de la PGR, que intenta tapar el sol con un dedo, al pensar que ya no escuchará los gritos de justicia a punta de entregar dinero a las familias de las víctimas, aprovechando la necesidad que muchas de ellas tienen y que saben que no rechazarán ninguna cantidad por modesta o grande que sea, pero se olvida que para todas ellas lo más importante es la justicia, y que ninguna cantidad las inmovilizará ir en su búsqueda. Por todo esto la PGR excluye a las propias familias del debate respecto al destino de ese dinero, por eso también excluye a las legisladoras y legisladores, pese a que el Congreso de la Unión es quien aporta más dinero. Todo en lo oscurito. Y lo más grave es que, en un grotesco intento por “tener a la sociedad civil” en ese Fondo de Auxilio Económico, por un lado la PGR se niega a que participen las diferentes organizaciones no gubernamentales que desde hace años luchan y claman por justicia y por el otro, permite que la fantasmagórica y acomodaticia Fundación Lolita de la Vega participe en reuniones y su voz sea escuchada, mientras que a las otras se les ha negado. ¿En calidad de qué y con fundamento en qué participa la señora De la Vega en esas reuniones? Si de verdad la señora De la Vega ama tanto a Ciudad Juárez como pregona un día sí y otro también cada vez que sale a cuadro, no debería prestarse a estos sucios juegos propios del más rancio esquirolismo que pensábamos había ya desaparecido.

Para colmo, de acuerdo a los criterios que pretende emplear la PGR, se puede llegar al absurdo –de acuerdo con las leyes que pretende aplicar- que parte de ese dinero vaya a parar a las manos de algunos padres de las víctimas, que en muchos de los casos dejaron a su esposa sola con toda la carga que estos lamentables hechos suscitan, las abandonaron, no les ayudaron con los gastos de los funerales, no estuvieron cerca de sus parejas para hacerles menos dolorosos esos momentos de angustia y dolor, pero eso sí, hoy estarían a punto de ser indemnizados por la PGR. ¿Eso es equidad?, ¿eso es justicia?

A todo esto, sin duda, es de llamar la atención el silencio de Mireille Rocatti, quien de ser una de las primeras en hacer visible este problema con sus recomendaciones desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1998, hoy opte por una actitud sumisa ante el poder del que ahora forma parte, y les dé la espalda a las madres de las víctimas y ahora sólo vea mujeres que se suicidan o las atropellan en Ciudad Juárez.

Mientras, a las madres de las víctimas tal vez les llegue un dinero, pero la justicia, ¿cuándo llegará?